Valoración Acuerdo para el Empleo Público

Valoración del contenido del acuerdo firmado por CCOO, UGT y CSI-F (no firmaron los sindicatos ELA y CIG)

De lo señalado en los apartados primero: Oferta de Empleo Público y segundo: Medidas en materia de ocupación temporal, se pueden extraer una serie de conclusiones sobre las plazas susceptibles de ser incluidas en las ofertas de empleo.

Cuantitativamente las plazas que pueden ser incorporadas en estas ofertas de empleo son las vacantes con más de tres años de antigüedad y las que se generen a lo largo de 2017, con un límite del 90%

Cualitativamente, se introduce un instrumento que distorsiona lo que podría ser una verdadera oferta de reducción de la temporalidad, que es la exclusión de aquellos sectores no considerados prioritarios. Para ISTA Intersindical, la temporalidad como un problema de precariedad laboral es igual en cualquier sector de la Administración Pública y desde un punto de vista de gestión y garantía de la prestación de servicios públicos tan primordial es el personal que presta el servicio directamente como el que lo gestiona administrativamente. En consecuencia, tan necesario es el personal de administración y servicios, como el personal docente o el sanitario. Sin unos, no pueden trabajar los otros, todos juntos conforman el sistema de salud, el sistema de educación, o el sistema universitario.

Por otro lado consideramos que antes de entrar en distinciones entre sectores y tasas de reposición y teniendo en cuenta que la mayor parte de las plazas que pueden ser incorporadas a las ofertas de empleo corresponden a la administración autonómica o local, lo más lógico habría sido eliminar la tasa de reposición y permitir a las diferentes administraciones que planifiquen sus prioridades en materia de empleo público, en ejercicio de sus competencias y con la correspondiente negociación en sus respectivos ámbitos territoriales. Lo que se ha hecho es, precisamente, todo lo contrario, centralizar las grandes líneas de política de personal

Con este Acuerdo se continua destruyendo empleo público, lo que redunda directamente en la privatización de los servicios que no pueden ser atendidos por falta de personal.

Si entramos a analizar qué dice el Acuerdo sobre las fórmulas de acceso a emplear en estas ofertas de empleo, vemos que hay dos alternativas: una con carácter general sujeta al concurso-oposición, en el que se podrá valorar como mérito, en la fase de concurso, los servicios prestados, y otra, mediante la aplicación de la DT4 del EBEP que prevé la convocatoria de ofertas de consolidación de empleo.

Considerando que la DT4 del EBEP limita estas ofertas a las plazas vacantes con anterioridad al 1 de enero de 2005 que se han mantenido cubiertas por personal temporal hasta ahora, parece que, haciendo una interpretación rigurosa no serán muchas las plazas que se puedan incluir en esta modalidad de fórmula de acceso. Por tanto, podemos concluir que el Acuerdo podrá ser útil para reducir la temporalidad, pero no tanto para consolidar al personal interino.

Qué no dice el Acuerdo?

A pesar que el Acuerdo se limita a abordar el problema de la temporalidad del empleo público es muy llamativo que no dedique una sola línea al personal interino y a la posibilidad de consolidar el puesto de trabajo, a excepción de la referencia indirecta de la DT4 del EBEP.
Los grandes ausentes del Acuerdo son otras materias que ni están ni se les espera. Las retribuciones de los empleados públicos para 2017, la recuperación del poder adquisitivo perdido, la jubilación parcial o las retribuciones en situación de IT por contingencias comunes no ha tenido cabida desgraciadamente en un acuerdo que pretende reflejar en los PGE, como así se está viendo, las mejoras laborales de este personal.

Sabemos que la previsión del incremento de las retribuciones del personal de las Administraciones Públicas para 2017 es del 1% mientras que la previsión de la variación del IPC para este mismo ejercicio es de 1,6%, por tanto, es fácil concluir que vamos a perder poder adquisitivo (0,6%)otro año más, si además tenemos en cuenta que en 2016 hemos perdido otro 0,4%, la realidad es que como bien dice la exposición de motivos del Acuerdo, se nos ha exigido y se nos continúa exigiendo más sacrificios.

Dado que estas medidas están condicionadas a mantenerse dentro de los límites y reglas del gasto establecido, la recuperación de los miles de puestos de trabajo perdidos en estos años de recortes queda fuera de lo pactado entre el gobierno central y los sindicatos firmantes.

Valoración del NO acuerdo

Delante de un supuesto escenario de recuperación económica y de un cierta debilidad del Gobierno del Estado en relación a su falta de mayoría parlamentaria, creemos que se ha dejado pasar una oportunidad única para conseguir mejoras laborales que palíen los efectos de los recortes de la crisis.

Es cierto que hay avances, aunque parciales en materia de estabilidad y de empleo no debemos olvidar que vienen condicionadas por la irrupción de la jurisprudencia de los tribunales estatales y europeos ante un situación de abuso de la temporalidad y de discriminación de este personal, que no solo cuestionan la política de  personal, sino que amenazan al Ejecutivo como la imposición de medidas correctoras drásticas a corto o medio plazo. Hay que sumar además, la generación de un corriente de opinión pública que se escandaliza por esta forma de gestionar los recursos humanos en la Administración Pública.

Por tanto, era el momento de tratar de introducir moderadamente algunas mejoras, comenzando por la derogación del RDL 20/2012 y siguiendo con las retributivas, en un acuerdo que de principio a fin constituye un balón de oxígeno para el gobierno en minoría en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

No podemos explicar por qué no se ha hecho, corresponde esta tarea a los sindicatos firmantes del Acuerdo, ¿dónde está la defensa de su propuesta presentada en la negociación el día 14 de marzo? ¿Para qué convocaron movilizaciones el día 23 de marzo?

Aquí puedes comparar la propuesta sindical presentada por CCOO, CSI-F y UGT (15 de marzo), el Acuerdo finalmente firmado (30 de marzo) y el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros con la Oferta de Empleo Público (BOE del 1 de abril).

Valoración de CIG, Valoración de ELA

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